¿Quién puede desalojar okupas? Lo que puede la policía, el juez y una empresa

Es el punto de partida y explica todo lo demás. En España, sacar a una persona de un inmueble en el que reside contra su voluntad es un acto que solo puede autorizar la autoridad judicial, mediante una resolución, y que ejecuta la fuerza pública. No importa que la vivienda esté a nombre del propietario, que tenga la escritura en la mano o que la ocupación sea evidente: la decisión no es suya.

De esa regla se derivan dos consecuencias prácticas. La primera es que cualquier promesa de "desalojo" por parte de una empresa es imposible de cumplir por vías legales. La segunda es que el propietario que actúa por su cuenta pasa de perjudicado a investigado con una facilidad sorprendente.

La policía sí puede intervenir sin esperar una resolución judicial en un supuesto concreto: la flagrancia. Si se descubre la ocupación mientras está sucediendo, o en las primeras horas, con signos evidentes de que la entrada es reciente —puerta forzada, cerradura reventada, nadie con documentación que justifique la posesión—, los agentes pueden identificar a los ocupantes y desalojarlos en el acto.

De ahí la insistencia de todos los que trabajamos en esto: llame al 112 en cuanto lo sepa, no al día siguiente. Pasadas esas primeras horas, cuando los ocupantes ya han establecido apariencia de domicilio, la policía deja de poder actuar por sí misma y el caso pasa al juzgado. En ese momento el propietario puede seguir haciendo dos cosas: presentar la denuncia y trabajar la salida por acuerdo.

Aunque la policía no pueda desalojar, sí conviene denunciar: la denuncia acredita que el propietario no consintió la ocupación y refuerza cualquier vía posterior.

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• Entrar en la vivienda sin permiso de quien la ocupa, aunque sea de su propiedad.
• Cambiar la cerradura, ni con ellos dentro ni aprovechando una salida momentánea.
• Cortar la luz, el agua o el gas. Es la denuncia por coacciones más habitual contra propietarios.
• Retirar sus pertenencias o tirarlas.
• Contratar a quien entre por la fuerza. El propietario responde de lo que se haga en su nombre.

Lo desarrollamos con más detalle en trucos para echar a un okupa: cuáles son legales y cuáles acaban en denuncia.

Puede: identificarse ante el ocupante, explicarle la situación jurídica real, ofrecerle una salida ordenada con fecha, negociar las condiciones, documentar cada visita por escrito y estar presente el día de la entrega para comprobar el estado de la vivienda y recoger las llaves.

No puede: entrar sin permiso, amenazar, intimidar, impedir el paso, cortar suministros ni ejecutar ningún desalojo. Tampoco puede prestar asesoramiento jurídico ni prometer una fecha: la salida la decide el ocupante o un juez.

Esa distinción es la que separa la desokupación por mediación de las prácticas que salen en las noticias. El resultado buscado es el mismo —la vivienda vacía—, pero el camino determina si el propietario acaba con las llaves o con una citación.

1. Acaba de ocurrir (horas). Llame al 112, no entre usted. Es la única ventana en la que la policía puede desalojar directamente.
2. Días. Presente denuncia, reúna la escritura o nota simple, fotografíe el estado exterior y avise a la comunidad. No negocie solo ni en caliente.
3. Semanas o meses. Decida vía: procedimiento judicial, mediación o ambas en paralelo. Cuanto más tiempo pasa, más se consolida la situación y más gastos acumula la vivienda.
4. Situaciones sensibles. Si hay menores o vulnerabilidad reconocida, el lanzamiento judicial puede quedar suspendido; la mediación suele ser la única vía que avanza.

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Ni la comunidad ni el ayuntamiento pueden desalojar a nadie, pero ambos influyen más de lo que parece en cómo avanza un caso.

La comunidad de propietarios no decide sobre un piso privado. Sí puede actuar cuando la ocupación genera problemas en zonas comunes o actividades molestas: requerir por escrito al titular del piso, acordar en junta el ejercicio de acciones por actividades molestas y dejar constancia documental de incidencias. Esos escritos, con fechas, son prueba útil después. Lo que no puede hacer la comunidad es cortar el agua general, cambiar cerraduras de la vivienda ni impedir el paso por el portal: eso expone al presidente y a los vecinos a una denuncia.

El ayuntamiento interviene por otras vías: servicios sociales, cuando hay menores o personas vulnerables dentro; policía local, para levantar actas de incidencias; y disciplina urbanística o de salubridad, si el inmueble está en condiciones peligrosas. El empadronamiento del ocupante no le da derecho sobre la vivienda, pero sí acredita permanencia, y por eso conviene actuar antes de que se consolide la situación.

En la práctica un caso no se resuelve eligiendo entre policía, juzgado o mediación: casi siempre se combinan.

• Primeras horas. Ocupación flagrante: aviso al 091 o 112 y personarse con documentación de la titularidad. Es la única situación en que puede resolverse en el momento.
• Primeras semanas. Documentar la ocupación, comprobar quién está dentro y abrir la vía que corresponda: denuncia penal por usurpación o demanda civil de recuperación de la posesión, según el caso.
• En paralelo. Mediación: contacto directo con el ocupante para negociar una salida acordada, con fecha por escrito, mientras el procedimiento avanza. Es lo que acorta el tiempo real.
• Cierre. Entrega de llaves con presencia física e inventario, o lanzamiento judicial con la comisión judicial si no hubo acuerdo.

Esa combinación es la que explica por qué dos casos con la misma ley detrás terminan en plazos muy distintos. Puede ver desenlaces reales en los casos de desokupación en vídeo, el coste en la página de precio de la desokupación y la cobertura en las zonas donde actuamos.