En los últimos años se han ido introduciendo cambios pensados para acortar los procedimientos de recuperación de vivienda: un cauce más rápido cuando la ocupación es reciente y sin título, la posibilidad de resolver en una sola vista en determinados supuestos y plazos más breves para contestar. En paralelo, se mantiene la protección de los ocupantes en situación de vulnerabilidad: si el juzgado aprecia que hay menores o personas dependientes, puede pedir informe a los servicios sociales y suspender el lanzamiento mientras se busca alternativa de alojamiento. Para el propietario esto significa dos cosas: que el papel del juzgado ha mejorado sobre el papel, y que en la práctica los tiempos siguen dependiendo mucho del partido judicial y de quién esté dentro. Nosotros no le damos asesoramiento jurídico: le decimos qué se puede negociar hoy y, si el caso necesita juzgado, le indicamos que lo trate con un profesional externo.

Con un inquilino que ha dejado de pagar, el reloj no empieza el día del primer impago, sino el día en que se actúa. Por la vía judicial hay que contar con el tiempo de preparación de la demanda, la admisión, la vista y, si llega, el señalamiento de lanzamiento; en muchos partidos judiciales eso se mide en meses, no en semanas. Si además el inquilino está en situación de vulnerabilidad acreditada, el lanzamiento puede quedar suspendido mientras se tramita el informe social, y el plazo se alarga más. Por acuerdo de salida el planteamiento es distinto: se busca una fecha de salida aceptada por las dos partes, normalmente con un margen de días o semanas, y se firma un documento de entrega. No prometemos plazos fijos porque no dependen solo de nosotros, pero en la primera llamada le decimos si su caso es negociable y qué escenario es realista.